VERDAD Y JUSTICIA
Señor General
Juan Emilio Cheyre
Comandante en Jefe
Ejército de Chile
Presente_________________
De mi consideración:
En días recientes usted ha interpelado a la opinión pública del país con afirmaciones que, por la investidura de quien las ha formulado, ameritan una respuesta. Ya ha habido varias de diversa naturaleza y probablemente suficientes.
Pero me ha parecido necesario, en mi condición de parlamentario integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, expresar mi propia respuesta.
Usted ha dicho, en lo fundamental, que la deuda de los políticos con los militares no está saldada; que aquellos que provocaron las condiciones para el colapso de la democracia, los que instigaron la acción de las FF.AA. y los observadores indiferentes y silenciosos, se han reconvertido. Al Ejército no le ha sido posible; eso hace que algunos de sus miembros miren el futuro con distintos grados de frustración.
Con entera independencia del juicio de la historia sobre las causas que motivaron el quiebre institucional de 1973, lo cierto es que los políticos de izquierda, dirigentes, militantes o simples adherentes, han experimentado con creces las consecuencias del golpe de Estado de hace 31 años atrás: el presidente Allende murió en La Moneda; muchos de sus ministros y colaboradores fueron detenidos en campos de concentración y cárceles; cerca de 4.000 chilenos fueron asesinados, sin que se conozca hasta ahora el paradero de los cuerpos de más de 1.000 de ellos (informe Rettig y complementarios); aproximadamente 30.000 compatriotas fueron detenidos largo tiempo y torturados (Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura); más de 70.000 funcionarios del Estado fueron exonerados por razones políticas (Comisión de Exonerados Políticos) y centenares de miles de personas debieron partir al exilio.
Por lo mismo, Sr. General, constituye un despropósito insinuar siquiera que los políticos de izquierda tenemos alguna deuda con las FF.AA.
No conozco qué consecuencias hayan podido experimentar los que instigaron la acción de las FF.AA., particularmente los políticos de derecha, salvo constatar que vivieron en su país, con total seguridad y que, además, algunos de ellos pudieron enriquecerse al amparo de los privilegios que les fueron concedidos.
Estos políticos puede que tengan una deuda, pero con el país, con la sociedad, no con las FF.AA.
El tema, Sr. General, es justamente al revés. Son las FF.AA. las que tienen una deuda con Chile y con su gente. Le deben una explicación y una solicitud de perdón.
Tienen que explicar, por ejemplo, qué relación puede tener la crisis institucional de 1973, con la fría decisión, planificación y ejecución del asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército General Carlos Prat en Buenos Aires y del ex Canciller Orlando Letelier en Washington.
Tienen que explicar qué relación puede tener el quiebre institucional de 1973, con la detención y posterior desaparición de cerca de 2.000 chilenos, incluso con la ulterior remoción de los lugares secretos donde enterraron clandestinamente sus cuerpos y, por último, con su lanzamiento al mar desde helicópteros.
Tienen que explicar, en fin, qué relación puede tener la crisis de 1973, con prácticas tan aberrantes como la tortura a mujeres indefensas, usando hasta animales para tal efecto.
Tienen que explicar y pedir perdón por todo esto.
Ud. ha exigido, Sr. General, que los procesos por violaciones a los Derechos Humanos que afectan a varios oficiales en retiro, tengan un plazo fijo de término, para que no sigan alterando el trabajo profesional del Ejército.
¿A quién está defendiendo General?
¿Al Ejército de hoy que, como usted ha declarado con legítimo orgullo, está recibiendo el cariño y reconocimiento de la ciudadanía, cuestión que pudo comprobarse en la reciente parada militar?
¿A este Ejército dedicado a sus labores profesionales, no deliberante y respetuoso de las instituciones republicanas, que cuenta con las simpatías del país, logro al que usted ha colaborado con abnegación?
¿O quiere defender, también, a aquellos oficiales que deshonraron al Ejército, ordenando y ejecutando crímenes atroces, de los que todo ser humano bien nacido debiera avergonzarse?
No necesito yo decirle cuánto daño puede seguirle haciendo al Ejército mantener la tesis de la continuidad entre aquellos oficiales con prontuarios criminales y las jóvenes generaciones de soldados.
En todo caso, Sr. General, el apurar los juicios pendientes en los Tribunales por violaciones a los Derechos Humanos, que usted estima imperioso, pasa por el conocimiento puro de la verdad, por exigir, por ejemplo a Manuel Contreras, a Pedro Espinoza, a Miguel Krasnoff Marchenko, a Moren Brito, a Alvaro Corvalán, y a los demás oficiales en retiro, que trabajaron en la DINA y en la CNI, que entreguen toda la información que tienen y que es indispensable para el cierre de los procesos.
Por último, Sr. General, estimo inapropiadas sus declaraciones desde el punto de vista formal. Ellas constituyen una abierta intervención política y, más aún, una presión para que los poderes ejecutivo y legislativo consideren el despacho de leyes que puedan responder a los requerimientos por usted planteados.
Me alegro que, más allá de declaraciones protocolares, el Gobierno haya rechazado toda posibilidad de enviar nuevas iniciativas legales sobre la materia.
En todo caso, ahora y en cualquier circunstancia, los socialistas no estaremos disponibles para otra solución que no emane estrictamente de la VERDAD y la JUSTICIA en el tema que nos ocupa.
Ello, independiente de las consideraciones de respeto y aprecio que los socialistas y muchos otros chilenos mantenemos respecto del Ejército de hoy y de su Comandante en Jefe.
Sergio Aguiló Melo
Diputado de la República
Juan Emilio Cheyre
Comandante en Jefe
Ejército de Chile
Presente_________________
De mi consideración:
En días recientes usted ha interpelado a la opinión pública del país con afirmaciones que, por la investidura de quien las ha formulado, ameritan una respuesta. Ya ha habido varias de diversa naturaleza y probablemente suficientes.
Pero me ha parecido necesario, en mi condición de parlamentario integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, expresar mi propia respuesta.
Usted ha dicho, en lo fundamental, que la deuda de los políticos con los militares no está saldada; que aquellos que provocaron las condiciones para el colapso de la democracia, los que instigaron la acción de las FF.AA. y los observadores indiferentes y silenciosos, se han reconvertido. Al Ejército no le ha sido posible; eso hace que algunos de sus miembros miren el futuro con distintos grados de frustración.
Con entera independencia del juicio de la historia sobre las causas que motivaron el quiebre institucional de 1973, lo cierto es que los políticos de izquierda, dirigentes, militantes o simples adherentes, han experimentado con creces las consecuencias del golpe de Estado de hace 31 años atrás: el presidente Allende murió en La Moneda; muchos de sus ministros y colaboradores fueron detenidos en campos de concentración y cárceles; cerca de 4.000 chilenos fueron asesinados, sin que se conozca hasta ahora el paradero de los cuerpos de más de 1.000 de ellos (informe Rettig y complementarios); aproximadamente 30.000 compatriotas fueron detenidos largo tiempo y torturados (Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura); más de 70.000 funcionarios del Estado fueron exonerados por razones políticas (Comisión de Exonerados Políticos) y centenares de miles de personas debieron partir al exilio.
Por lo mismo, Sr. General, constituye un despropósito insinuar siquiera que los políticos de izquierda tenemos alguna deuda con las FF.AA.
No conozco qué consecuencias hayan podido experimentar los que instigaron la acción de las FF.AA., particularmente los políticos de derecha, salvo constatar que vivieron en su país, con total seguridad y que, además, algunos de ellos pudieron enriquecerse al amparo de los privilegios que les fueron concedidos.
Estos políticos puede que tengan una deuda, pero con el país, con la sociedad, no con las FF.AA.
El tema, Sr. General, es justamente al revés. Son las FF.AA. las que tienen una deuda con Chile y con su gente. Le deben una explicación y una solicitud de perdón.
Tienen que explicar, por ejemplo, qué relación puede tener la crisis institucional de 1973, con la fría decisión, planificación y ejecución del asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército General Carlos Prat en Buenos Aires y del ex Canciller Orlando Letelier en Washington.
Tienen que explicar qué relación puede tener el quiebre institucional de 1973, con la detención y posterior desaparición de cerca de 2.000 chilenos, incluso con la ulterior remoción de los lugares secretos donde enterraron clandestinamente sus cuerpos y, por último, con su lanzamiento al mar desde helicópteros.
Tienen que explicar, en fin, qué relación puede tener la crisis de 1973, con prácticas tan aberrantes como la tortura a mujeres indefensas, usando hasta animales para tal efecto.
Tienen que explicar y pedir perdón por todo esto.
Ud. ha exigido, Sr. General, que los procesos por violaciones a los Derechos Humanos que afectan a varios oficiales en retiro, tengan un plazo fijo de término, para que no sigan alterando el trabajo profesional del Ejército.
¿A quién está defendiendo General?
¿Al Ejército de hoy que, como usted ha declarado con legítimo orgullo, está recibiendo el cariño y reconocimiento de la ciudadanía, cuestión que pudo comprobarse en la reciente parada militar?
¿A este Ejército dedicado a sus labores profesionales, no deliberante y respetuoso de las instituciones republicanas, que cuenta con las simpatías del país, logro al que usted ha colaborado con abnegación?
¿O quiere defender, también, a aquellos oficiales que deshonraron al Ejército, ordenando y ejecutando crímenes atroces, de los que todo ser humano bien nacido debiera avergonzarse?
No necesito yo decirle cuánto daño puede seguirle haciendo al Ejército mantener la tesis de la continuidad entre aquellos oficiales con prontuarios criminales y las jóvenes generaciones de soldados.
En todo caso, Sr. General, el apurar los juicios pendientes en los Tribunales por violaciones a los Derechos Humanos, que usted estima imperioso, pasa por el conocimiento puro de la verdad, por exigir, por ejemplo a Manuel Contreras, a Pedro Espinoza, a Miguel Krasnoff Marchenko, a Moren Brito, a Alvaro Corvalán, y a los demás oficiales en retiro, que trabajaron en la DINA y en la CNI, que entreguen toda la información que tienen y que es indispensable para el cierre de los procesos.
Por último, Sr. General, estimo inapropiadas sus declaraciones desde el punto de vista formal. Ellas constituyen una abierta intervención política y, más aún, una presión para que los poderes ejecutivo y legislativo consideren el despacho de leyes que puedan responder a los requerimientos por usted planteados.
Me alegro que, más allá de declaraciones protocolares, el Gobierno haya rechazado toda posibilidad de enviar nuevas iniciativas legales sobre la materia.
En todo caso, ahora y en cualquier circunstancia, los socialistas no estaremos disponibles para otra solución que no emane estrictamente de la VERDAD y la JUSTICIA en el tema que nos ocupa.
Ello, independiente de las consideraciones de respeto y aprecio que los socialistas y muchos otros chilenos mantenemos respecto del Ejército de hoy y de su Comandante en Jefe.
Sergio Aguiló Melo
Diputado de la República
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